La Procuraduría General de la Nación solicitó informe a la Alcaldía de Santa Marta sobre las acciones desplegadas en relación con el motín que tuvo lugar el pasado 23 de julio de 2021 en las instalaciones del Centro de Detención Transitoria No. 2 de la ciudad.

Con el objetivo de verificar la adopción de medidas, actividades o programas dentro de la gestión del gobierno municipal para atender esta problemática, el Ministerio Público, a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos requirió a la alcaldía reportar las actuaciones desarrolladas en aras de mejorar las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad en calidad de sindicados en el distrito.

Así mismo, pidió información sobre el avance en la constitución del fondo de infraestructura carcelaria y las gestiones adelantadas para la suscripción de acuerdos interadministrativos con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), según lo establecido en el artículo 19 de la Ley 65 de 1993.

La Procuraduría hará seguimiento a las medidas tomadas por las entidades territoriales para garantizar el respeto de los derechos humanos de la población privada de la libertad.

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