El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, aseguró que el uso de aeronaves por parte de la familia presidencial, responde, como ocurre en el mundo, a condiciones especiales de seguridad derivadas del cargo, tiene justificaciones razonables y cumple los criterios de proporcionalidad que fijó desde hace años el Ministerio Público.

“Personalmente, creo que por los antecedentes y por la doctrina que había en el Ministerio Público, aquí no hay un ilícito disciplinario, y no lo hay porque hay un bien mayor que es la protección de la seguridad de la familia del Jefe de Estado y los criterios de proporcionalidad, como lo ha dicho la Procuraduría desde aquel incidente famoso con un helicóptero que se presentó hace varios años”.

El jefe del Ministerio Público precisó que no puede ser cuestionable, ni calificado como uso indebido de bienes del Estado, cuando este se hace bajo los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, y en pro de la seguridad de servidores públicos y sus familiares, y aún más cuando en este caso se trataba de proteger derechos de menores.

“La situación del país no da para enfrascarnos en una controversia de esta naturaleza”, insistió.

En 2009 frente a la denuncia contra el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, por permitir que sus hijos y algunos amigos utilizaran un helicóptero militar para trasladarse al municipio de Anapoima (Cundinamarca), a su finca de descanso, el entonces Procurador General, Alejandro Órdoñez, señaló que “por la jerarquía del cargo que ostenta el Ministro de Defensa Nacional y los riesgos que se asumen por parte del funcionario y su familia, resulta sensato que utilice medios de desplazamientos que resultan confiables para su seguridad, de conformidad con los esquemas que se diseñen por los competentes para estos efectos”.

Al ser preguntado sobre la posición de la Procuraduría frente al aborto reiteró que como lo ha expresado la entidad en dos conceptos a la Corte Constitucional, este es un tema sobre el que ya existe cosa juzgada.

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