Al fallar una tutela presentada por la Procuraduría General de la Nación, el Juez Cuarto Penal del Circuito de Santa Marta ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- y a las alcaldías de esa ciudad y de Ciénaga reubicar a 118 personas privadas de la libertad -PPL-, quienes se encuentran en centros de detención transitorios, a lugares donde existan las condiciones sanitarias que mitiguen el riesgo de contagio del covid-19. El juez amparó los derechos a la vida, salud y dignidad de PPL, quienes actualmente no cuentan con servicios sanitarios adecuados, acceso a duchas, agua potable, alimentación completa, camas, ni espacios adecuados para caminar o sentarse, con lo que aumenta considerablemente el riesgo de contraer el virus.

También ordenó la realización de una brigada de salud para identificar quiénes presentan un mayor riesgo de contagio, y la entrega de insumos de aseo personal necesarios para prevenir el contagio.

El fallo fijó un plazo máximo de cinco días para que se integre una mesa interinstitucional, con la participación de los ministerios de Justicia y el Derecho, Salud y Protección Social, así como el Inpec, la Gobernación del Magdalena y las alcaldías de Santa Marta y de Ciénaga, para que evalúen medidas a mediano y largo plazo para la reubicación de todas las PPL en centros de detención provisionales.

El fallo benefició a 118 PPL actualmente recluidas en el Comando de Policía de Taganga, el Centro de Protección al Ciudadano, las estaciones de policía de Bonda y Ciénaga y la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía.

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