Cita el ente acusador que “cerca de un año tomó definir situación jurídica de presuntos responsables de irregularidades en la construcción de centros de salud en Santa Marta”

En un comunicado de prensa, emitido desde la Fiscalía General de la Nación en Bogotá el ente compiló como fue cada diligencia judicial que culmina después de 11 meses que el organismo solicitara nueva audiencia de medida de aseguramiento contra los involucrados, y luego de dos suspensiones, cuatro aplazamientos por problemas de salud y renuncia de algunos abogados defensores.

La Fiscalía resalta que “Las obras fueron pactadas por un valor inicial de 6.537 millones de pesos y quedaron inconclusos cuatro de centros médicos“.

De que igual forma hace referencia el ente acusador que posteriormente ya en el periodo del alcalde Rafael Alejandro Martínez, el distrito de Santa Marta suscribió el contrato N° 007 de 2016, que ascendió a 5 mil millones de pesos y tenía como propósito adecuar y terminar tres de los puestos de salud que quedaron pendientes en la anterior administración, en los sectores de Taganga, La Paz y La Candelaria.

En los dos contratos mencionados, además de incumplimientos en la ejecución, la Fiscalía advirtió un presunto peculado superior a los 4.000 millones de pesos.

CONOZCA AQUÍ LA LINEA DE TIEMPO DEL CASO

Esta es la línea de tiempo compilada por la Fiscalía con el fin de que la ciudadanía tenga claridad sobre lo sucedido en cada diligencia judicial.

• 28 de noviembre de 2017: capturados seis (6) de los presuntos involucrados, entre ellos el alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, y el exalcalde, Carlos Eduardo Caicedo Omar.

• 29 de noviembre de 2017: el fiscal de conocimiento imputó a los procesados por contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

30 de noviembre de 2017: la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los detenidos y el juez de control de garantías se abstuvo por considerar que no se corrió traslado de los elementos materiales probatorios a los defensores ni al delegado de la Procuraduría. Dicha decisión fue apelada por el fiscal del caso y el representante del Ministerio Público.

• 20 de febrero de 2018: el Juzgado 1° Penal de Conocimiento decretó la nulidad parcial de lo actuado y pidió al juez de control de garantías permitir el traslado de los elementos materiales probatorios a las partes involucradas en el proceso.

• 19 abril de 2018: la Fiscalía General de la Nación solicitó al juez de control de garantías fijar fecha para nueva audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.

• 8 de mayo de 2018: Fiscalía presentó escrito de acusación ante el Centro de Servicios Judiciales de Santa Marta.

• 24 de agosto de 2018: se cumplió la audiencia de acusación contra ocho procesados. Se fijó como fecha para audiencia preparatoria el día 30 de octubre de 2018.

• 15 de marzo de 2019: luego de varias programaciones, suspensiones y aplazamientos desde la fecha de solicitud de la nueva audiencia de medida de aseguramiento (19 abril de 2018), el juez de control de garantías resolvió la situación jurídica de seis de los investigados. La defensa presentó un recurso de reposición y en subsidio apelación. La Fiscalía presentó recurso de apelación contra la decisión que negó la imposición de medida contra Carlos Caicedo y otros.

• 18 de marzo de 2019: por dificultades de orden público en las cercanías del juzgado, entre otros motivos, fue aplazada la audiencia en la que el juez pretendía resolver la petición de la defensa e iba a dar por concluida la diligencia

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