El Juzgado 21 de Familia de Bogotá admitió tutela y ordenó a la Fiscalía responder en 48 horas los argumentos del comunicado que emitió la Dirección Nacional de Comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación sobre los bienes del hoy gobernador Carlos Caicedo.

En el pronunciamiento tras la admisión de la tutela que presentó el Gobernador para que se le proteja su derecho fundamental al buen nombre “vulnerado por la Dirección Nacional de Comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación”, el juez dijo:

“Teniendo en cuenta que la anterior solicitud reúne los requisitos mínimos exigidos por el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, este despacho dispone: admitir la acción de tutela incoada por Carlos Caicedo Omar en contra de la Dirección Nacional de Comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación”.

El Juez vinculó a la Fiscalía Cuarenta y Uno (41) de Administración Pública del Magdalena y a la Fiscalía Veintiuno (21) de Extinción de Dominio de Bogotá y ordenó se les notificara de la providencia y la notificación del proveído a la accionada y a las vinculadas.

Así mismo, que de conformidad con el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, se les comunicó que deben rendir un informe en el término de cuarenta y ocho (48) horas, “so pena de responsabilidad”, respecto a los siguientes puntos:

Aporte a través del correo institucional del Juzgado, los documentos o las piezas procesales fundamento del Comunicado de Prensa Nº 34027 publicado el 26 de junio de 2020.

Igualmente la providencia mediante la cual se ordenó inscribir ante la Oficina de Instrumentos Públicos las medidas cautelares de embargo y secuestro y suspensión del poder dispositivo impuestas a 11 bienes del Gobernador del Magdalena Carlos Eduardo Caicedo Omar y al ex alcalde de Santa Marta Rafael Alejandro Martínez.

De la misma manera informar por qué se llegó a la conclusión de que de los
cinco centros de salud a los que se les hicieron las adecuaciones dentro
de la administración del accionante y la del ex alcalde Martínez, solo uno
fue terminado.

También de por qué se llegó a la conclusión de que los contratos suscritos durante la gestión del accionante como Alcalde representaron una renta ilícita de $4.129 millones de pesos y por qué tales contratos fueron cuestionados.

Por último, el Juez le solicitó a la Fiscalía y demás vinculadas que deberán informar al despacho judicial si el accionante ha instaurado la acción constitucional por los mismos hechos y en caso afirmativo, señalar número de tutela y juzgado que conoció de la acción constitucional.

#ULTIMAVERSION

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