Por improcedentes fueron rechazadas, en las últimas horas y por décima vez consecutiva, acciones de tutela promovidas por la diputada Elizabeth Molina.

La nueva derrota judicial, que se suma a otras, producidas en las últimas semanas, se dio en el Juzgado Séptimo Civil Municipal y en el Tribunal Superior del Distrito de Santa Marta. Ambas acciones fueron interpuestas contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo y contra el ex alcalde y dirigente de Fuerza Ciudadana Rafael Martínez, argumentando que se habían producido supuestos daños a su buen nombre.

Las diputadas Molina y Aarón, junto a su abogado Martínez, en reiteradas oportunidades se han dedicado al desgaste del sistema judicial demandando cada decisión que les es adversa. Todo porque Rafael Martínez, a través de las redes sociales, ha denunciado que los mencionados miembros de la política tradicional a través de un cartel de la salud le ponen, cada vez que pueden, un palo a la rueda a las políticas que buscan transformar al Magdalena tras años de abandono, falta de oportunidades y corrupción galopante.

El operador judicial ha dejado claro que la vía para manifestar sus inconformidades NO es la tutela. De igual forma, deja en claro, en el caso del Tribunal Superior de Santa Marta que “al no vislumbrarse los requisitos de procedencia excepcional de la tutela frente a acciones de igual esencia, como previamente se acotó, se negará el resguardo invocado”.

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